La reformitis aguda del continente latinoamericano se evidencia en un dato: el 40% de las 803 constituciones hechas en el mundo pertenecen a esta región. Ecuador se encuentra en la actual pugna por alcanzar a Venezuela con 26 cambios constitucionales.
El gobierno ecuatoriano con su actual campaña de consulta popular para instaurar una nueva carta magna el próximo 28 de septiembre se suma al modelo del socialismo del siglo XXI propuesto por el presidente venezolano Hugo Chávez, que ha tenido acogida entre los gobiernos de izquierda de América Latina. Los referendos para constar cambios en las constituciones se han convertido en herramienta popular en países seguidores.
Se trata de un segundo paso, seguido al que se llevó a cabo el 15 de abril, donde el pueblo ecuatoriano aprobó con un 78% la instauración de una Asamblea Constituyente, responsable de diseñar el nuevo proyecto legislativo.
De estas votaciones ha habido todo tipo de protestas. Se dice que el conteo de votos fue manipulado, que el total de votantes correspondió a bajos porcentajes de la población y que la información divulgada sobre los poderes otorgados a la supuesta asamblea fue incompleta. Estudios afirman que un 30% del pueblo ecuatoriano no tenía idea de las implicaciones de esta elección popular, que terminó en victoria para el presidente Rafael Correa, otorgando inmensos poderes al equipo legislador.
Los medios nacionales repetían un argumento del gobierno que prometía la participación directa de los distintos sectores políticos en la creación de la nueva Constitución. Como era de esperarse, entre dicho y hecho hubo mucho trecho.
Entre el 29 de noviembre y el 25 de julio se reunieron 130 asambleístas para redactar una nueva carta magna. Sin embargo, la mayoría del elegido equipo de legisladores -78- pertenece al partido de Alianza País, el mismo del presidente Correa. Las coincidencias no son casualidad, pues detractores de este proyecto afirman que la participación de distintos partidos ha sido restringida, en pro de la búsqueda de la reelección presidencial. En los cambios designados, se pretende elevar el poder del ejecutivo y negar el legislativo y judicial.
La iniciativa del mandatario ha promovido una oleada de conflictos y protestas internas por las aspiraciones escondidas bajo esta reforma. La opinión nacional está dividida, donde oposición e iglesia católica han encontrado puntos en común en contra del ambicioso proyecto. Por primera vez, el presidente se atreve a generar un debate público directo contra el Poder Episcopal, teniendo en cuenta que Ecuador es un país con un 90% de población católica. Entre esos cambios, los que más polémica han generado son los del reconocimiento legal a las parejas que vivan bajo unión libre, o del mismo sexo.
De igual modo, se abren las posibilidades para cambiar de nombre al país –como sucedió en la República Bolivariana de Venezuela- y declarar otra moneda –distinta al sucre-. En la disputa, el deportista ecuatoriano Jefferson Pérez mostró su indignación en una respuesta dada a un periodista en Beijing al recibir una bandera de su país: "No sé si aún en el Ecuador esta es la bandera y este el escudo, como ahora andamos con nueva Asamblea cambiando todo (…) esperemos que no nos cambien la cabeza y nos confisquen la lengua".
En el último enfrentamiento, ocurrido en una universidad privada en Guayaquil, hubo fuertes agresiones entre policías, militares y estudiantes debido a la presencia del mandatario en las aulas. Tras un discurso en su habitual tono de confrontación, Correa culpó a opositores de las protestas violentas. Sin embargo, el columnista Adolfo Ruíz opina en el diario El Universo que “Este atentado contra la Alma Máter es parte del proyecto de hacer reinar el miedo (…).
Hasta el sábado esa política había comenzado a dar resultado. (…)Esos valientes universitarios nos hicieron recordar las dramáticas palabras de Montalvo: “Desgraciados los pueblos cuya juventud no se rebela ante el tirano”.”
Y es este otro riesgo que prevén opositores, que la acumulación de poder que pretende la reforma daría potestad absoluta al presidente frente al tipo de enseñanza que se debe practicar, la posibilidad de alargar el periodo presidencial, la reelección inmediata, la aprobación, modificación y sustitución de reglamentes, leyes o códigos. La formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras quedaría, de igual manera, bajo facultad exclusiva del poder ejecutivo. Como si esto fuera poco, también pretenden controlar sectores estratégicos como el de energía, telecomunicaciones, recursos naturales, transporte, refinación de hidrocarburos y la vehemente prohibición de instalar bases extranjeras en territorio ecuatoriano.
Todo, bajo explícitos planes de la nueva visión del mundo expuesta por el gobierno venezolano, que al parecer, ha indicado en detalle los trazos a su homólogo ecuatoriano. Y esto no es lo único que une a ambas naciones. También comparten elevadas cifras de secuestros, según un estudio realizado por la organización holandesa Pax Christi, quien afirma que Ecuador sufrió 607 secuestros extorsivos en el 2007, seguido por su vecino, con 297. Fuentes colombianas atribuyen estos índices a la flexibilidad de estos gobiernos al brindar apoyo y asilo a guerrilleros y delincuentes de origen colombiano.
Lo cierto, es que este proyecto, buscado por medio de manejos turbios, da una imagen inconstitucional e ilegítima del mismo. Dependerá del voto de 9.9 millones de ecuatorianos que decidirán, no solo sobre el rumbo político de su país, sino al parecer, también económico, cultural y religioso. Con un “sí”, el pueblo ecuatoriano sepultaría el actual sistema democrático, dándole bienvenida al estatismo con firma Chávez. Un “no”, por el contrario, acabaría con la reputación del gobierno de Correa, abriendo espacios de debate y promoviendo la participación de diversidad política y libertad de expresión en los distintos escenarios. El veredicto final solo se sabrá hasta el próximo mes.
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