Reforma inconstitucional

Protestas violentas en Ecuador demuestran la ruptura nacional tras la actual campaña del referendo buscada por el ejecutivo.

La reformitis aguda del continente latinoamericano se evidencia en un dato: el 40% de las 803 constituciones hechas en el mundo pertenecen a esta región. Ecuador se encuentra en la actual pugna por alcanzar a Venezuela con 26 cambios constitucionales.

El gobierno ecuatoriano con su actual campaña de consulta popular para instaurar una nueva carta magna el próximo 28 de septiembre se suma al modelo del socialismo del siglo XXI propuesto por el presidente venezolano Hugo Chávez, que ha tenido acogida entre los gobiernos de izquierda de América Latina. Los referendos para constar cambios en las constituciones se han convertido en herramienta popular en países seguidores.

Se trata de un segundo paso, seguido al que se llevó a cabo el 15 de abril, donde el pueblo ecuatoriano aprobó con un 78% la instauración de una Asamblea Constituyente, responsable de diseñar el nuevo proyecto legislativo.

De estas votaciones ha habido todo tipo de protestas. Se dice que el conteo de votos fue manipulado, que el total de votantes correspondió a bajos porcentajes de la población y que la información divulgada sobre los poderes otorgados a la supuesta asamblea fue incompleta. Estudios afirman que un 30% del pueblo ecuatoriano no tenía idea de las implicaciones de esta elección popular, que terminó en victoria para el presidente Rafael Correa, otorgando inmensos poderes al equipo legislador.

Los medios nacionales repetían un argumento del gobierno que prometía la participación directa de los distintos sectores políticos en la creación de la nueva Constitución. Como era de esperarse, entre dicho y hecho hubo mucho trecho.

Entre el 29 de noviembre y el 25 de julio se reunieron 130 asambleístas para redactar una nueva carta magna. Sin embargo, la mayoría del elegido equipo de legisladores -78- pertenece al partido de Alianza País, el mismo del presidente Correa. Las coincidencias no son casualidad, pues detractores de este proyecto afirman que la participación de distintos partidos ha sido restringida, en pro de la búsqueda de la reelección presidencial. En los cambios designados, se pretende elevar el poder del ejecutivo y negar el legislativo y judicial.

La iniciativa del mandatario ha promovido una oleada de conflictos y protestas internas por las aspiraciones escondidas bajo esta reforma. La opinión nacional está dividida, donde oposición e iglesia católica han encontrado puntos en común en contra del ambicioso proyecto. Por primera vez, el presidente se atreve a generar un debate público directo contra el Poder Episcopal, teniendo en cuenta que Ecuador es un país con un 90% de población católica. Entre esos cambios, los que más polémica han generado son los del reconocimiento legal a las parejas que vivan bajo unión libre, o del mismo sexo.

De igual modo, se abren las posibilidades para cambiar de nombre al país –como sucedió en la República Bolivariana de Venezuela- y declarar otra moneda –distinta al sucre-. En la disputa, el deportista ecuatoriano Jefferson Pérez mostró su indignación en una respuesta dada a un periodista en Beijing al recibir una bandera de su país: "No sé si aún en el Ecuador esta es la bandera y este el escudo, como ahora andamos con nueva Asamblea cambiando todo (…) esperemos que no nos cambien la cabeza y nos confisquen la lengua".

En el último enfrentamiento, ocurrido en una universidad privada en Guayaquil, hubo fuertes agresiones entre policías, militares y estudiantes debido a la presencia del mandatario en las aulas. Tras un discurso en su habitual tono de confrontación, Correa culpó a opositores de las protestas violentas. Sin embargo, el columnista Adolfo Ruíz opina en el diario El Universo que “Este atentado contra la Alma Máter es parte del proyecto de hacer reinar el miedo (…).
Hasta el sábado esa política había comenzado a dar resultado. (…)Esos valientes universitarios nos hicieron recordar las dramáticas palabras de Montalvo: “Desgraciados los pueblos cuya juventud no se rebela ante el tirano”.”

Y es este otro riesgo que prevén opositores, que la acumulación de poder que pretende la reforma daría potestad absoluta al presidente frente al tipo de enseñanza que se debe practicar, la posibilidad de alargar el periodo presidencial, la reelección inmediata, la aprobación, modificación y sustitución de reglamentes, leyes o códigos. La formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras quedaría, de igual manera, bajo facultad exclusiva del poder ejecutivo. Como si esto fuera poco, también pretenden controlar sectores estratégicos como el de energía, telecomunicaciones, recursos naturales, transporte, refinación de hidrocarburos y la vehemente prohibición de instalar bases extranjeras en territorio ecuatoriano.

Todo, bajo explícitos planes de la nueva visión del mundo expuesta por el gobierno venezolano, que al parecer, ha indicado en detalle los trazos a su homólogo ecuatoriano. Y esto no es lo único que une a ambas naciones. También comparten elevadas cifras de secuestros, según un estudio realizado por la organización holandesa Pax Christi, quien afirma que Ecuador sufrió 607 secuestros extorsivos en el 2007, seguido por su vecino, con 297. Fuentes colombianas atribuyen estos índices a la flexibilidad de estos gobiernos al brindar apoyo y asilo a guerrilleros y delincuentes de origen colombiano.

Lo cierto, es que este proyecto, buscado por medio de manejos turbios, da una imagen inconstitucional e ilegítima del mismo. Dependerá del voto de 9.9 millones de ecuatorianos que decidirán, no solo sobre el rumbo político de su país, sino al parecer, también económico, cultural y religioso. Con un “sí”, el pueblo ecuatoriano sepultaría el actual sistema democrático, dándole bienvenida al estatismo con firma Chávez. Un “no”, por el contrario, acabaría con la reputación del gobierno de Correa, abriendo espacios de debate y promoviendo la participación de diversidad política y libertad de expresión en los distintos escenarios. El veredicto final solo se sabrá hasta el próximo mes.

Mucho más que petróleo

El crecimiento de la economía brasilera los posiciona dentro de las primeras 10 potencias mundiales. La actual disminución de sus índices de pobreza es resultado de una política económica que ha liderado a la formación de 5,000 industrias de todo tipo.

La llegada de Luiz Inácio Lula da Silva al poder en el 2003 produjo temor para muchos debido a su inicial posición izquierdista Sin embargo, ésta se ha ido moderando en búsqueda de que “el pobre dejará de ser pobre y se convertirá en un ciudadano con derecho a vivienda, a educación, a diversión, a cultura y a comer tres veces por día”, como expresó el 6 de julio en su programa de radio. El crecimiento actual de la economía de Brasil deja pocas dudas de que esté proyecto se está consolidando.

Con 33,800 millones de dólares en exportaciones en el primer semestre del 2008, Brasil se convierte en líder para su región. A diferencia de algunos mandatarios suramericanos, Lula se mantiene al margen de los conflictos políticos. Ha asumido un rol de intermediario cuando ha sido solicitado, sin embargo, siempre manteniendo su tono neutral que tanto lo favorece en acuerdos comerciales.

Su política económica se ha basado en diversificar la oferta de productos. Fuera de sus tradicionales exportaciones agrícolas, el mercado brasilero ahora incluye un consolidado sector textil, ingeniería aeroespacial y automovilística, desarrollo de biocombustibles y crecientes zonas industriales que atraen inversión extranjera.

El reciente descubrimiento de yacimientos petrolíferos ha disparado los índices de inversión y empleo. Como ejemplo de muchos, un puerto cercano a Angra dos Reis ha contratado a 25,000 trabajadores para la construcción de plataformas petroleras. Según estadísticas del mes de junio, hasta el momento había 309,442 nuevos empleos formales.

Estas cifras se traducen en mayor gasto de consumo, construcción de centros comerciales y viviendas, y, por lo tanto, crecimiento presente en todos los sectores sociales. En pocos años, Brasil redujo su pobreza en un 13.5%, convirtiendo a la mitad de su población en estrato medio.

Las brechas sociales se han disminuido por distintas razones. Fuera de la generación de empleos, el gobierno ha promovido un importante énfasis social. Las universidades han invertido en ciencia y tecnología, se ha aumentado el salario mínimo e incentivado la formación de pequeñas empresas. Con subsidios para las necesidades básicas de la población, proyectos como Bolsa Familia alimentan a muchos mientras conforman su propio negocio. Por el lado de inversión, el gobierno ha bajado tasas de interés para todo tipo de créditos, como el caso del Banco do Nordeste do Brasil, que, financiado por el Estado, ha ofrecido 330,000 micro préstamos a los ciudadanos. De este modo, la estrategia de consolidación de pymes contribuye a que las ganancias se reciban de manera equitativa para la población.

Después de lograr control sobre la inflación –que rondaba un 30% en el 2003-, Lula ha disminuido la deuda externa, propiciado crecimiento del sector agro industrial y mantenido un buen clima de inversión. En una segunda fase, Brasil ha incursionado interesantes alianzas para vender sus productos en distintos mercados, con el propósito de disminuir la susceptibilidad frente a la crisis hipotecaria estadounidense. Con una mezcla de buen tacto y apoyo a las distintas realidades, el mandatario ha consolidado buenas relaciones con sus 10 vecinos.

En su reciente visita a Colombia, acompañado de 120 empresarios brasileros, firmó pactos para la inversión, cooperación en seguridad fronteriza en el Amazonas y negocios de biocombustibles. En Venezuela, empresas brasileras han conseguido importantes contratos para la expansión del sistema de metro en Caracas y la construcción de un puente sobre el Río Orinoco. Con su homólogo boliviano, Lula ofreció un crédito de 600 millones de dólares para proyectos de infraestructura energética, y de igual modo, inauguró la instauración de importantes negocios de banca en el mes de diciembre. A pesar de los malentendidos por las distintas visiones sobre el manejo de impuestos con Cristina Fernández -evidenciado en la Organización Mundial del Comercio en Ginebra-, el mandatario, junto a 300 expertos en negocios, visitó Buenos Aires para formar alianzas comerciales con empresas argentinas.

Muchos los critican de doble, pero la realidad demuestra que su delicado manejo con las relaciones internacionales de su país han abierto puertas para acompañar la creciente oferta de productos brasileros. Junto a inversiones en el cuidado del medio ambiente y programas para combatir enfermedades como el sida, Luiz Inácio Lula da Silva no solo se convierte en figura querida por su pueblo, sino en audaz empresario frente al mundo, evidenciado en el optimismo de la bolsa de valores de Brasil, sumado a un crecimiento económico anual de un 6%.

Este gobierno se ha propuesto cumplir los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas frente a la infancia en el año 2015, y a este paso, las probabilidades de alcanzarlo aumentan. Es interesante el liderazgo ejercido por el presidente brasileño, cuando el populismo amenaza con frenar el crecimiento económico de la región.

Pena de muerte y vergüenza social

Aún quedan rezagos de discriminación racial en Estados Unidos. Ejemplo de esto, la pena de muerte, aceptada en 37 de los 51 estados.

El tema espinoso de la pena capital se desempolva de vez en cuando. La última polémica se desató el 28 de julio cuando el presidente estadounidense George Bush firmó la sentencia de muerte del soldado Ronald A. Gray procesado por cargos de violación y homicidio. La ley establece que el presidente es el encargado de aprobar la sentencia cuando se trata de un miembro de las fuerzas armadas, caso que no sucedía desde hace más de 50 años.

El sistema jurídico de Estados Unidos se divide entre delitos federales y estatales. Los primeros son tratados por el congreso nacional y corresponden a crímenes de guerra, espionaje, genocidio y traición a la patria. Los estatales dependen de la jurisdicción de cada estado, liderado por el gobernador, teniendo libertad para debatir, aprobar y sancionar según el Código Penal Estatal. Dentro de este marco, la sujeción a la práctica de la pena de muerte depende de la legislación de cada estado. Sin embargo, existen excepciones, como los juicios a militares, que exceden a la jurisdicción común estatal y son tratados dentro de cortes federales.

El proceso de la aprobación y ejecución de este tipo de condenas es extenso. La sentencia del soldado Gray fue dictaminada por una corte militar en 1988, y definida 20 años después. Una vez firmada por el mandatario, hay otro tiempo de espera antes del sometimiento de la misma, cuestionado por muchos, como un doble castigo. En primer lugar, por el sufrimiento del encarcelado debido a la incertidumbre sobre su sentencia, y en segundo, por la eterna expectativa de la fecha de su defunción.

Lo inquietante de este juicio es que se trata de un soldado de origen afroamericano. David Jacobs, profesor de la Universidad Estatal de Ohio, afirma que una de las actuales influencias divisorias de las políticas estadounidenses es la discriminación racial. Estudios sociológicos llevados a cabo en esta institución concluyen que los acusados afroamericanos o latinos encontrados culpables de asesinatos enfrentan mayores probabilidades de ser ejecutados que cualquier otro infractor de la ley.

De igual manera, la pena de muerte es legal en estados con porcentajes más altos de residentes afroamericanos. Junto con los inmigrantes, se trata de minorías sociales que evocan sentimientos de hostilidad y temor hacia el resto de la sociedad. Este panorama conlleva a que muchos acusados y condenados a pena capital sean personas de bajos recursos, con pocas posibilidades de defenderse en los tribunales con buenos abogados. Por estas razones, muchos detractores clasifican a la pena de muerte como una medida racista y clasista.

Bajo este esquema de justicia, han sido condenados a muerte jóvenes menores de 18 años y personas con retraso mental, ejemplo lo cual es el caso de Frank Williams en el estado de Arkansas, quien está en lista de espera para ejecución, mientras los tribunales estudian una carta recibida que suplica clemencia por su condición de salud.

Desde los distintos acuerdos formulados tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países han abolido este mecanismo y se han implementado campañas que defienden los derechos humanos ante todo. La actual democracia pretende extinguir antiguos regímenes militares y autoritarios que usaban la pena capital como método de opresión política y disciplina militar.

Sin embargo, subsisten gobiernos que promueven una guerra de venganza contra criminales. China, Irán, Pakistán, Iraq, Sudán, Corea del Norte, y Estados Unidos, fueron los países que más ejecuciones realizaron en el 2007. Niegan el valor de la vida humana al permitir la violencia en manos del Estado, como supuesto plan para proteger a sus sociedades de violaciones y homicidios.

Lo que muchos argumentan, es que se trata de decisiones ilusorias, pues ningún índice de criminalidad ha disminuido con la aplicación de estas penas. La pena de muerte es un crimen premeditado, que le quita limitaciones al Estado, dándole el poder de decisión sobre quién y cómo debe morir.

Esta aplicación de violencia para combatir violencia solo produce terror, pero se encuentra lejos de generar reparación y aprendizaje para la sociedad. Según la Unión Europea, el castigo capital representa una directa violación de los derechos humanos, razón por la cual ha sido abolido en el viejo continente -con excepción de Bielorrusia que no pertenece a esta organización-.

De hecho, la erradicación de la pena de muerte es una exigencia de membrecía a la UE. No obstante, países observadores, como Estados Unidos, no han acatado tal norma.

En el siglo XII, el académico Maimonides decía, “es mejor y más satisfactorio liberar a un millar de culpables que sentenciar a muerte a un solo inocente”. Y esta es la polémica. Ningún sistema judicial puede garantizar certeza absoluta en sus decisiones, lo cual deja cierto riesgo de equivocación, que en el caso de la pena de muerte, implica una decisión irreversible.

En los últimos 35 años, Estados Unidos ha tenido que liberar a 129 inocentes sentenciados a pena capital, luego de encontrar fallas en sus procesos. Este dato arroja ciertas dudas, ¿cuántos ejecutados habrán sido inocentes?, si estas son apenas cifras oficiales, ¿cuáles serán las reales?

En el caso de China, el gobierno no divulga estadísticas de las ejecuciones. Amnistía Internacional calcula que en 2007 fueron 470 según informes encontrados, sin embargo, estiman que la cifra podría llegar a 6,000.

El caso de Ronald A. Gray demuestra la fragmentación social existente en Estados Unidos, un país que se conforma en gran parte por una población migrante. Seguir aceptando la condena a muerte en más de la mitad de su territorio solo contribuye a aumentar los índices de xenofobia, equivalentes a la generación de violencia, falta de oportunidades y ruptura nacional. Hablando de un país que promulga tanto sobre libertad, seguridad, justicia y democracia, resulta paradójico que promueva acciones de barbarie que en nada contribuyen a la formación de nación.

Fuentes:

• BBC.com
• Independent UK
• American Civil Rights Union
• CNN.com
• Deathpenaltyinfo.org
• Eltiempo.com
• Thenewyorktimes.com

Peronismo disfrazado

Cuatro paros nacionales, elevadas tasas de inflación, 11 millones de pobres y desajuste institucional son los protagonistas del panorama actual de la República Argentina.

Desde hace algunos meses la gobernabilidad de Argentina está en entredicho. La causa principal ha sido la protesta de los agricultores dedicados a la producción de soya, que no aceptan la pretensión del gobierno de establecer un impuesto sobre la exportación de ese grano. Eso ha llevado a bloqueo de carreteras, cierre de mercados e incertidumbre política a nivel nacional.

Esta situación se ha prolongado durante 5 meses, y la gente está cansada. Este fue el último mensaje enviado el 15 de Julio en las calles. Alfredo de Angeli, el carismático dirigente del campo gritaba en Buenos Aires: "(El expresidente Néstor) Kirchner quiere conducir el barco desde la sala de máquinas y lo va a destruir". Miles lo aplaudían en una protesta pacífica que pretendía salvaguardar el negocio agrícola frente al proyecto de recaudación de impuestos estudiado en el Senado. La iniciativa pretendía que los impuestos de exportación de la soja, girasol, maíz y trigo dependieran de los precios internacionales de este mercado para redistribuir la riqueza. Sin embargo, los productores ya venían sintiendo los rezagos de los elevados aranceles, que desde marzo han pasado de un 35% a un 44%.

Las voces del pueblo llegaron a los dirigentes. En una votación tensa en el congreso sobre el proyecto que terminó en empate, el vicepresidente Julio Cobos dio la sorpresa al decidir votar en contra del proyecto de su propia jefe: “No puedo acompañar y esto no significa que estoy traicionando a nadie (...) Que la historia me juzgue, pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo, mi voto es en contra.”

Las reacciones no se hicieron esperar. La presidenta despidió a 6 funcionarios cercanos al vicepresidente, lo que muchos ven como una venganza a su traición. El Jefe del Gabinete, Alberto Fernández, pasó su renuncia explicando que con esto pretende darle una oxigenación a Cristina. Lo cierto, es que esta derrota del poder ejecutivo tiene al país en medio de un limbo. La oposición se une a la idea de la ex candidata presidencial por el partido de la Unión Cívica Radical, Elisa Carrió, que sostiene que la nación vive un proceso de quiebre, donde esperan que la presidenta sepa escoger un mejor rumbo frente a la crisis del campo.

Lo cierto es que Argentina, siendo el tercer productor mundial de soya destinada a biocombustibles, tiene una poderosa clase media que se sustenta de este oficio. A diferencia de otros sectores campesinos latinoamericanos, este caso tiene una fuerza importante. Es una clase que resurgió tras la crisis económica del 2001, y se fortaleció gracias a los crecientes niveles de exportación de granos con el entonces presidente Eduardo Duhalde.

Los “cacerolazos”, como llaman los argentinos a sus protestas, han sido cuestionados por la misma presidenta como “mujeres paquetas”, u oligarcas, que pelean en contra de los intereses del pueblo. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Todo tipo de productores, e incluso, trabajadores de sectores distintos al campo han sido los protagonistas de estas iniciativas cívicas.

El peronismo argentino hace rato dejó sus ideales sociales y es criticado por muchos al haberse convertido en audaz estrategia para ganar elecciones, dejando de ser un partido preocupado por el interés de los trabajadores. Este neoperonismo, alejado del inicial de los años 60, funciona como perfecto eslogan para vender desarrollo social y educación, muy alejado de la realidad. Lo preocupante para muchos es que esta clase media que impulsó mejoramiento económico en años pasados está teniendo disminución y llevando a un crecimiento de la pobreza.

El enfriamiento de las relaciones internacionales que sostiene este gobierno no favorece la inversión extranjera. Pareciera que el matrimonio presidencial Kirchner ha notado las serias consecuencias del alejamiento político con países estratégicos-como sucedió con Estados Unidos a raíz del dudoso caso de la valija con 800 mil dólares, supuestamente mandados por el presidente venezolano Hugo Chávez para patrocinar la campaña política de la actual mandataria-.

La fragmentación actual ha llevado a que el gobierno argentino cambie de estrategia frente al mundo. Cristina ha dejado de mostrar amistades con los demás líderes de izquierda del continente para enfocarse en su crisis interna. El estilo de confrontación e imposición, tan característico de los discursos kirchneristas solo ha conllevado a la generación de inconformidad.

El país sigue a la espera de soluciones reales que deben ser implementadas desde el diálogo. Esta semana los dirigentes del campo estarán reunidos buscando aproximarse al gobierno, y amenazan que si no sienten ánimos de cooperación y resolución, continuarán promoviendo movilizaciones desde distintas ciudades. Ojalá el pueblo argentino sea escuchado en pro del desarrollo, sobre todo, en esta época de crisis mundial económica, donde los gobiernos deben tomar posición social antes que todo.